El decreto de estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros pone a todas las autoridades del Estado a las órdenes del Gobierno. “Las medidas son drásticas y van a tener consecuencias”, advierte el jefe del Ejecutivo.

El Gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma por segunda vez en democracia para frenar la expansión del coronavirus. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros en la reunión extraordinaria que ha celebrado en Moncloa, desde el lunes se confinará a los españoles en sus domicilios salvo en casos concretos y desde hoy mismo se pone a todas las autoridades del Estado a las órdenes del Gobierno de la nación.

Sobre la circulación de personas, el Gobierno se dispone a aprobar una orden en la que sólo se permitirá salir del domicilio en estos casos:

1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
2. Asistencia a centros sanitarios.
3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
4. Retorno al lugar de residencia habitual.
5. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
6. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
7. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
8. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

De esta manera, los ciudadanos tendrán cierta libertad de movimientos a pesar de las restricciones. Lo que se prohíbe de forma expresa es cualquier salida por motivos de ocio.

Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas antes o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Además, el estado de alarma pone a todos los cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y las policías locales bajo la autoridad del Ministerio del Interior. “Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las ordenes directas del titular del Ministerio del Interior en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”, dice el decreto que se va a aprobar esta mañana.

A los agentes se les autoriza a realizar registros y “comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias”. “A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”, continúa el texto.

Como recurso adicional, “para el eficaz cumplimiento de las medidas las autoridades competentes podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas”. “El Ejército está preparado”, ha dicho en su comparecencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

SOMOS CAPACES DE HACERLO UNIDOS

Sánchez ha leído el decreto pasadas las 21.00 horas, tras una reunión del Consejo de Ministros de más de siete horas en la que ha habido fuertes discrepancias. “Somos capaces de hacerlo unidos”, ha dicho, intentando transmitir un mensaje de optimismo a la sociedad tras una semana de caos, descontrol y falta de decisiones.

El presidente ha intentado ser directo diciendo que las medidas aprobadas “son drásticas y van a tener consecuencias”. Él mismo ha proclamado que la principal es que a partir de esta noche “la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de la nación”, por encima de autoridades autonómicas, provinciales y locales.

“Vamos a dar respuesta con todos los recursos que sean necesarios”, ha continuado. Habrá un paquete económico de ayuda a familias y empresas, pero se retrasa su aprobación al próximo Consejo de Ministros, que previsiblemente se celebrará el próximo martes.

Se forma un grupo fuerte en el Gobierno de seguimiento de la crisis en el que serán autoridades en todo el Estado los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Transportes, José Luis Ábalos, y de Sanidad, Salvador Illa. Este último asumirá además las funciones de todas las áreas que queden fuera de las funciones de estos cuatro ministros. En esta suerte de Gobierno de excepción no hay, por tanto, ningún ministro de Podemos.

SE CENTRALIZA EL SISTEMA DE SALUD

En el decreto aprobado también se autorizan “requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios”, se confirma el cierre de los colegios en toda España y se prohíbe la apertura de todo tipo de establecimientos de ocio, cultura y deporte.

Por el momento se permitirán actividades como la asistencia a lugares de culto religioso, con la mera indicación de evitar aglomeraciones y guardar una distancia de un metro con otras personas.

El decreto del estado de alarma también establece la centralización del sistema nacional de salud “bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad”, pudiendo, como en el caso de los agentes de Policía, imponer a los profesionales “servicios extraordinarios”, como de hecho ya está ocurriendo. a gestión seguirá correspondiendo a las comunidades autónomas, pero será competencia del ministro “garantizar la cohesión y equidad en la prestación” del servicio sanitario. Esto será importante para garantizar el trasvase de medios materiales y humanos de un territorio a otro en caso de necesidad.

En Justicia, se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales, aunque en los casos que estén en fases de instrucción se permitirá al juez ordenar actuaciones que sean inaplazables.

En la Administración, se suspenden los plazos para trámites en todo el sector público.

Todas las medidas entrarán en vigor hoy en cuanto el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, salvo las disposiciones sobre la circulación de personas, que lo harán el lunes 16 de marzo a las 8.00 horas. El plazo inicial de este estado de alarma es de 15 días, que podrá ser prorrogado con la autorización del Congreso, donde los principales partidos ya han garantizado su apoyo.

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