Antonia muñozContinúa el reguero de imputaciones de alcaldes de la Costa del Sol. En esta ocasión la salpicada es la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), que tendrá que declarar el próximo lunes ante la instructora del juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, por presuntos delitos contra la integridad de la administración. La denuncia que lleva a Muñoz a los tribunales fue interpuesta el 13 de octubre de 2009 por el comité de empresa.

En ella los denunciantes hablaban de los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, discriminación grave y pagos indebidos a trabajadores municipales. Según la denuncia, Muñoz “podría haber generado un sistema de corruptelas” en la contratación de personal en el Consistorio, siendo los beneficiarios “afiliados o militantes de IU, y familiares”, y constituyendo “una red de clientelismo político” muy alejada de los criterios de igualdad constitucionales.

El comité de empresa denuncia la conversión en indefinidos de contratos laborales de algunos trabajadores, cuyo “único requisito era haber concurrido junto a ella en las listas de IU en las anteriores elecciones”. Aseguran en su escrito tener “fundados indicios” de que se estarían abonando gratificaciones a determinado personal, causando “perjuicio a las arcas municipales” y en contra de los informes de la interventora, añadiendo además que las empresas municipales contratan “sin control alguno a los trabajadores” para recompensar “afinidades políticas prestadas, mediante la emisión del voto en las elecciones municipales”.

Ante la falta de reacción por parte del Consistorio, de los partidos políticos de la localidad, o de la Inspección de Trabajo, donde se han interpuesto denuncias al entender que se vulneraban los derechos fundamentales y sindicales o por la contratación irregular de trabajadores, el comité de empresa pidió el año pasado la intervención de la Justicia ante la presencia “de indicios suficientes y racionales” en la comisión de presuntas irregularidades por parte de la alcaldesa y del concejal de Economía y Recursos Humanos, Diego Díaz (IU). A todo esto se le suma que el Ayuntamiento, según el comité de empresa, incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la existencia “de cheques, órdenes de pago, y transferencias bancarias de dudosa legalidad”.

Fuenta: Malaga Hoy

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