Según ha podido conocer esta redacción, el juicio, que inició tras la primera denuncia hace ya 12 años y que estaba programado para hoy jueves día 29 de octubre y en el que sentaría en el banquillo a cuatro alcaldes del municipio, queda aplazado para el 9 de julio del 2021, algo más de 8 meses para salir de dudas si son culpables o inocentes de los delitos que se les imputan.
Esta investigación era una de las tres piezas en la que se dividió el caso original y que investiga centenares de casos de enchufismo de afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida, la adjudicación de contratos a dedo y las transferencias, supuestamente ilegales, desde el consistorio a una entidad urbanística.
Los motivos que han originado esta suspensión, han sido ocasionados por la baja laboral del letrado de la ex-alcaldesa Antonia Muñoz a causa de un accidente de tráfico el pasado 14 de Septiembre del que aún sigue convaleciente según ha podido demostrar mediante un parte de baja médica tras alargarse la evolución de su mejoría.
Dato que nos resulta llamativo, como acusación nos encontramos al Partido Popular, encabezado por Francisco Miguel Álvarez. Actualmente es socio del equipo de Gobierno y que fue incorporado a la corporación en febrero del presente año «mirando por los intereses generales del municipio» y ocupando el cargo de Relaciones Institucionales, Regimen Interno y Nuevas tecnologías y administración electrónica.
A las 10.00 horas de hoy estaban citados, además de Muñoz y su marido, V.C.S., el actual alcalde, Mario Jiménez Rodríguez y la actual edil de Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos y Asuntos Sociales e Igualdad, Francisca López; los ex regidores Diego Urieta Jiménez y Emilio López Berenguer; y los ex concejales de Limpieza, Pesca y Parque Móvil y de Recursos Humanos, Agricultura, Comercio, Consumo y Desarrollo, Antonio de Haro Fernández y Diego Díaz Jiménez, respectivamente.
La mayoría de los encausados -salvo Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM)- formaban parte de IU y crearon Compromiso Manilva cuando la coalición de izquierdas, cinco años después de que estallase el escándalo político, forzase su pase al Grupo de No Adscritos a mediados de 2013. Esta formación gobierna actualmente el municipio con el apoyo de Diego José Jimenez del PSOE y que precisamente es el principal testigo de esta causa.
«Contra este resolución no procedía recurso alguno», advertía la magistrada el pasado agosto, pero las circunstancias producidas por el accidente de tráfico del abogado de la ex-alcaldesa Antonia Muñoz han logrado su suspensión sin que aún se pueda saber una nueva fecha.
Este proceso pivota sobre las adjudicaciones que el Consistorio otorgó a las empresas del marido de Antonia Muñoz menospreciando supuestamente las reglas básicas de la Ley de Contratos Públicos.
Las investigaciones del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil concluyeron que Carpintería Valentín S.L. y Muebles y Decoración Valentín fueron agraciadas con un total de 43 adjudicaciones por un valor de más de 200.000 euros. El proyecto del centro de interpretación las Viñas de Manilva llamó especialmente la atención de los agentes por el elevado sobrecoste final de los trabajos; a lo que hay que unir el sorprendente dato de que la entonces regidora era administradora de una de las firmas beneficiadas.
