La audiencia ordena investigar en Manilva

Escrito por Malaga Hoy el .

La audiencia ordena investigar el origen de la fianza del ex alcalde de Manilva. La Sección Octava deduce testimonio y dicta un auto para que se aclare de dónde salieron los 150.000 euros que Pedro Tirado pagó para recuperar la libertad en diciembre de 2005 por el caso La Parrada.
Faltaban tres días para la Nochebuena de 2005 cuando el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado abandonaba la cárcel. Había sido detenido el día 13 de octubre de aquel año y durante dos meses permaneció en prisión preventiva acusado de un presunto cohecho, porque presumiblemente cobró dinero para favorecer una gran operación inmobiliaria en una finca de su pueblo conocida como La Parrada.

El entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, el magistrado Miguel Ángel Torres, le impuso una fianza de 150.000 euros. Tirado, que había sido sorprendido por la Policía semanas antes en su ático de Sabinillas antes de que saliera con rumbo a la Alcaldía para atender los quehaceres propios de su cargo, tenía en diciembre de 2005 sus cuentas y bienes intervenidos judicialmente. La Policía había descubierto, además, 762.000 euros en metálico en su domicilio. Sin embargo, logró en unos días reunir los 150.000 euros de fianza que le impuso el juez.

Desde el entorno de Pedro Tirado se trataron de disipar dudas sobre el origen del dinero de la fianza y se hizo saber que se había reunido gracias a aportaciones voluntarias de familiares y amigos convencidos de su inocencia. Sin embargo ahora, casi cuatro años después, la Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha dictado un auto en el que deduce testimonio y requiere que se abra una investigación para esclarecer el origen de los 150.000 euros.

Medidas de estas características se adoptaron también en su momento con el presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, cuando se abrió un procedimiento judicial para determinar cómo afrontó el pago de la fianza de un millón de euros que le impuso el instructor del caso Malaya.

Junto a la decisión de investigar el origen de los fondos aportados por el ex alcalde de Manilva tras ser detenido en el caso La Parrada, la Sección Octava también ha decidido aplazar hasta abril de 2010 la vista oral por esta causa que estaba previsto que comenzara el próximo 6 de octubre. Entre los argumentos atendidos por el tribunal para retrasar el juicio figuran una petición del ciudadano finlandés Aki Kujala, coacusado en el procedimiento, para que practiquen nuevas pruebas que deberán reunirse a través de una comisión rogatoria y un juicio preferente que tenía uno de los letrados en Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en su escrito de acusación provisional dos años de cárcel y tres años de multa para el que fue alcalde de Manilva desde 2003 hasta la mañana de su detención. En aquel momento lideraba el Partido Democrático de Manilva (PDEM), tras varios años de militancia en el GIL. Actualmente sus antiguos compañeros en aquella aventura política engrosan las filas del Partido Popular.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Tirado se avino a firmar dos convenios urbanísticos con la empresa Royal Marbella States, sociedad controlada por el coacusado Aki Kujala y Stefan Biegert.

De acuerdo con la versión de Anticorrupción, Royal Marbella, que había comprado los terrenos situados entre Manilva y San Roque por 9,7 millones de euros, tenía dificultades para que el negocio urbanístico en La Parrada fuera atractivo porque la densidad urbanística de la finca era demasiado baja. Por eso decidieron acudir al alcalde del municipio para que elevara el número de viviendas por hectárea. De esta forma, los suelos serían muy "apetecibles" y se podrían vender "sin dificultad". La aproximación al Ayuntamiento se hizo a través del cuñado del alcalde, Francisco Calle, también imputado en esta causa y al que supuestamente le prometieron "el pago de una importante cantidad de dinero".

Así fue como se firmaron los dos convenios urbanísticos de La Parrada que inmediatamente después se vendió por 117 millones de euros, obteniendo, por tanto, unas plusvalías de 92 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrución sostiene que los 762.000 euros en metálico decomisados en su domicilio eran parte de los pagos comprometidos por La Parrada. El Ministerio Fiscal afirma que el cuñado del ex alcalde, que llegó a fundar una sociedad junto a Aki Kujala, para ocultar los fondos obtenidos los transmitió a otra sociedad creada en Gibraltar, cuyo administrador era un mecánico de la zona.

Fuente: Malaga Hoy

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